La semana pasada, el partido Fuerza Compromiso Social, del expresidente Rafael Correa, fue inhabilitado por la Corte Nacional Electoral de Ecuador.
Esta inhabilitación, llevada a cabo a partir de argumentos de escaso sostén jurídico, busca evitar que este partido y el expresidente Correa se puedan presentar a las elecciones presidenciales del año 2021, para las que en este momento lideran las encuestas.
Esta inhabilitación es solo un paso más en la estrategia del Gobierno de Lenín Moreno para desactivar a la fuerza política heredera de Revolución Ciudadana. Esta estrategia se ha valido de diferentes maniobras judiciales y mediáticas, como el encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas o el procesamiento de numerosos cargos del Gobierno anterior. Paralelamente, el Gobierno ha iniciado una serie de reformas de corte neoliberal que pretenden acabar no solo jurídicamente, sino también materialmente, con las profundas transformaciones que Revolución Ciudadana llevó al país en los últimos quince años. Estas reformas ya han sido contestadas en la calle durante el pasado año y han puesto en cuestión la legitimidad del Gobierno de Lenín Moreno, quien fue elegido justamente para lo contrario. La nefasta gestión de la pandemia en estos meses ha aumentado esta deslegitimación.
Ante esta deriva, Idoia Villanueva, eurodiputada de Unidas Podemos, preguntó ayer a la Comisión Europea por la situación política en Ecuador y sobre qué acciones prevé realizar la Unión Europea (UE) para, siguiendo el mandato que esta tiene a partir de los tratados, proteger la democracia y el pluralismo político en un país con el que mantenemos una estrecha relación.
Esta inhabilitación y toda la estrategia que está siguiendo el Gobierno de Lenín Moreno se inserta en la dinámica general de lawfare que estamos viendo en América Latina. Los casos de Lula en Brasil o de Evo en Bolivia son justamente esto: la utilización de los aparatos judiciales y mediáticos para destruir al enemigo político a partir de la construcción de «casos legales» sin apenas indicios. El objetivo es acabar con los proyectos políticos que estos líderes populares impulsaron y quieren impulsar en el futuro, para mantener el poder de las oligarquías latinoamericanas.
La comunidad internacional debe trabajar por asegurar el Estado de derecho en América Latina. La UE, en este fenómeno, tiene un papel especial. Frente a la injerencia de Donald Trump en la región, la UE debe tener una agenda autónoma basada en la defensa a ultranza de la democracia y del Estado de derecho. Ese es el hecho que marcará la diferencia y que permitirá a la UE ser un actor verdaderamente relevante en la política internacional.
Desde Podemos seguiremos trabajando por la democracia y la justicia social en América Latina. Esto, aquí y ahora, significa mostrar solidaridad con los líderes políticos que, como Rafael Correa y Fuerza Compromiso Social, están siendo atacados por las oligarquías históricas de América Latina.
22 de julio de 2020