Este 5 de junio se cumplen 53 años desde que Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán.

No se trata de una fecha más, sino de la fecha clave para fijar el consenso internacional sobre la ocupación ilegal, según la resolución 242 de Naciones Unidas. Este 2020 no es una conmemoración más, sino que viene marcado por el anuncio de discusiones en el Parlamento israelí para una anexión de Cisjordania por parte del nuevo Gobierno de Israel, constituido tras tres convocatorias electorales, que Benjamin Netanyahu agitó en campaña, sumándose al apoyo que le otorgó el plan Trump en enero de este año.

Como ya denunciamos, el llamado «acuerdo del siglo» no es ni puede ser un acuerdo, porque la población palestina lo rechaza. Consiste, en esencia, en institucionalizar e imponer por la fuerza el

que el movimiento colono israelí ha realizado durante los últimos años, una actuación ilegal según el derecho y el consenso internacional desde hace décadas: la concesión al Estado de Israel del control completo de la ciudad de Jerusalén, la legalización de los asentamientos ilegales en Cisjordania y la anexión del Valle del Jordán, entre otros asuntos.

De producirse la anexión de Cisjordania, se abriría un escenario de consecuencias impredecibles en la zona —Palestina y todo Oriente Medio—, exhausta por la violencia y las violaciones de derechos humanos, en la que impera la ley del más fuerte frente a un derecho internacional arrasado, y cuyas consecuencias siempre son más sensibles para Europa, más cercana geográficamente que otros actores mundiales. Además, agravaría la ya delicadísima situación del pueblo palestino, con la ya mencionada ocupación de sus tierras desde 1967, con hasta 600 000 colonos en su territorio, toda la población de Gaza castigada de manera colectiva —figura estrictamente prohibida según el derecho internacional— por un bloqueo que dura ya catorce años; un sistema de

basado en controles, leyes y permisos diferentes; la apropiación de recursos básicos como el agua; la violencia cotidiana de las poblaciones colonas en Cisjordania; el asesinato de manifestantes pacíficos en Gaza; y los encarcelamientos masivos, especialmente de niños y niñas.

Pero, además, la alianza de Benjamin Netanyahu con Donald Trump es un paso más en la política de imposiciones por la fuerza y destrucción del sistema multilateral y de derecho internacional del presidente estadounidense. Ya sucedió con el traslado de su Embajada a Jerusalén, la retirada de fondos a la UNRWA y de su participación en la Unesco en Palestina, y también en otros organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

No hay tiempo que perder. Es el momento de actuar. No bastan las declaraciones. Como reclaman partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil palestina, hay que pasar de las declaraciones a la acción, exigir que se cumpla la legalidad internacional, el acuerdo que establece como condición para cualquier relación comercial de la Unión Europea con Israel y otros países el estricto cumplimiento de los derechos humanos y los principios democráticos; así como tomar medidas efectivas para hacer cumplir la resolución 2334 del Consejo de Naciones Unidas, que afirma que los asentamientos israelíes «no tienen validez legal» y los califica como una «flagrante violación» del derecho internacional. O medidas como los trabajos internacionales para evitar que compañías privadas se beneficien de la ocupación, la prohibición de compra de productos y servicios de las colonias israelíes, la denuncia de los casos de

según la Convención de Naciones Unidas de 1973, o el apoyo a la financiación anual fija de la UNRWA y al Tribunal Penal Internacional para que abra casos sobre Palestina y exigir el cumplimiento de las legislaciones de venta de armas.

Hoy más que nunca, defender el derecho internacional que todas y todos necesitamos para hacer frente a un mundo convulso y agitado por la pandemia del COVID-19 pasa por exigir que se impida la anexión de Cisjordania. Desde Podemos, trabajaremos en todas las instancias y en todos los espacios en que estamos presentes para que esta imposición no salga adelante y para que los derechos del pueblo palestino sean garantizados en cualquier solución al conflicto.

5 de junio de 2020