La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Derechos Humanos en las Corts Valencianes, Cristina Rodríguez, ha presentado una propuesta para que el parlamento valenciano inste al Consell y al Gobierno de España a elaborar y firmar un convenio para que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública asuma las competencias de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, con la correspondiente transferencia de fondos por parte del Estado español.

Según Rodríguez, “es necesario que, con carácter previo a la transferencia de competencias, el Gobierno central incremente la dotación de personal y que contrate personal facultativo especialista en psiquiatría y psicología clínica en los centros penitenciarios valencianos”. Así mismo, Rodríguez ha pedido crear recursos públicos comunitarios dentro del ámbito del sistema penitenciario valenciano, establecer en los centros protocolos de actuación ante crisis derivadas de enfermedades de salud mental y potenciar todos los medios asistenciales (psicoterapéuticos, farmacológicos, educativos, etc.) en la prisión, para atender los internos con Trastorno Mental Grave (TMG). “Los datos que aborda el informe de julio de 2021 elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, y coordinado por la asociación Àmbit, nos muestran que la carencia de personal médico especialista en salud mental es flagrante en nuestras prisiones”, ha valorado Rodríguez, quien ha insistido en que para Compromís “es fundamental aumentar los recursos públicos y mejorar la atención”. La diputada ha recordado también que “todas estas carencias han quedado expuestas, una vez más, en el último episodio de violencia sufrido por un interno de la prisión de Villena con problemas de salud mental. Nos preocupan y nos indignan actuaciones como las ocurridas recientemente en Villena. El funcionariado de prisiones no puede golpear a un interno como hemos visto en la grabación de videovigilancia del centro. Ese no es el papel de un empleado público que tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía, también la que está presa y enferma. Sin exclusiones ni excusas”, ha manifestado Rodríguez.