El pasado viernes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamó oficialmente los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 7 de febrero, en las que Andrés Arauz obtuvo el 32,72% de los votos, seguido por Guillermo Lasso, con un 19,74%.

Yaku Pérez, el representante del Movimiento Pachakutik, quedó tercero con un 19,34%. La segunda vuelta enfrentará, el día 11 de abril, a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso.

El escrutinio del CNE ha estado protagonizado por la deslegitimación de los resultados llevada a cabo por Lasso y Pérez, y que tuvo su máxima expresión cuando, el viernes 12 de febrero, acordaron, amparados por la OEA y por el propio CNE, revisar parte de las actas electorales por un supuesto fraude. Este pacto, que no incluía al resto de candidatos y que se celebró en contra de la legislación ecuatoriana, estaba destinado, supuestamente, a validar el segundo puesto de Guillermo Lasso, cuestionado por Yaku Pérez desde el mismo día de las elecciones. En ningún caso, pues, dicho fraude podría alcanzar a Andrés Arauz, cuya victoria en la primera vuelta es incuestionable. Finalmente, Guillermo Lasso se desentendió del pacto con Pérez y las actas puestas en tela de juicio no han sido revisadas.

En paralelo, como continuación de las múltiples iniciativas para intentar invalidar la candidatura de Andrés Arauz en los últimos meses, se han producido preocupantes movimientos por parte de la Fiscalía ecuatoriana, con la colaboración de la colombiana, para intentar sembrar la duda de una posible financiación ilegal sobre la campaña de Arauz, a partir de unas supuestas pruebas incautadas a un dirigente de la guerrilla del ELN colombiano asesinado en una operación militar. Por último, el sábado pasado, una vez proclamados los resultados, el Controlador General de Ecuador pedía una orden judicial para incautar los ordenadores utilizados para el recuento electoral, tras una denuncia penal de Pérez por fraude, como parte de una investigación previa, aumentando la indefensión sobre la pérdida de información y de datos que son clave para demostrar la realidad de los sucesos y el proceso. Al mismo tiempo, anunciaba que sin aclaración de dicha investigación no podría celebrarse la segunda vuelta.

Desde Podemos consideramos que todos estos hechos muestran que las élites ecuatorianas están trabajando por todos los medios, legales e ilegales, para evitar una victoria de Andrés Arauz en la segunda vuelta. Para intentar conseguirlo están poniendo en cuestión todas las instituciones del país, comenzando por el Consejo Nacional Electoral, única autoridad reconocida por las leyes ecuatorianas en materia electoral.

Por esa razón, y como integrantes de las misiones de observación electoral celebradas el día 7 de febrero, nos sumamos a los llamamientos a las instituciones ecuatorianas para que respeten todos los procedimientos electorales y se continúe con el proceso normal planificado, que incluye llevar a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo día 11 de abril. Igualmente, apelamos a las organizaciones internacionales implicadas en la observación electoral y el seguimiento, comenzando por la OEA, para que no ampare ni legitime movimientos que cuestionan los principios básicos del procedimiento electoral en una democracia parlamentaria, como lamentablemente ya hizo al amparar el pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez el pasado día 12 de febrero.