Desde que Guillermo Laso tomó el poder en Ecuador, la situación en el país se ha deteriorado gravemente.
Las medidas de ajuste económico han desmantelado los sistemas de salud, protección social y educación y se han aumentado los precios de la canasta básica, lo que ha empujado al pueblo ecuatoriano a la pobreza.En rechazo a esta realidad, el pueblo respondió con una ola de movilizaciones ciudadanas en todo el país encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a la que se han sumado estudiantes, transportistas, y otros actores políticos y sociales.En el noveno día del paro nacional indígena, miles de indígenas llegaron a la ciudad de Quito de manera pacífica con el objetivo de presionar al jefe de Estado ecuatoriano para que atienda las demandas expuestas por las organizaciones indígenas.La respuesta del gobierno ha sido brutal; Lasso calificó de terroristas a las organizaciones que encabezan las movilizaciones, ordenó la detención arbitraria e ilegal de uno de los líderes de las protestas, expidió un decreto de Estado de Excepción desproporcionado que limita las libertades de asociación y de información, y allanó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y militarizó sus instalaciones.La escalada alarmante de represión y autoritarismo tomó forma también en violaciones de derechos humanos y al derecho de ejercer manifestaciones pacíficas. A la fecha, organizaciones de derechos humanos han registrado 39 vulneraciones de derechos humanos, 79 detenciones, 55 personas heridas y 3 desaparecidos y desaparecidas en 9 días de paro nacional.Asimismo, el gobierno ha militarizado la Asamblea Nacional para impedir la sesión en la que se debatió la derogatoria del Estado de decepción, lo que no lograron.Con 81 de los 137 votos, el Parlamento ecuatoriano rechazó el decreto del Estado de Excepción y el manejo de la situación social por parte de Guillermo Lasso y dio el visto bueno a un pedido en el que exige al Gobierno una propuesta seria, clara y honesta de diálogo.Además, llamó a una mesa de trabajo a organismos como la ONU, la Cruz Roja, universidades y la Iglesia católica para proponer mecanismos de solución a las movilizaciones.El PIE exige al gobierno de Lasso a que respete la decisión de la Asamblea Nacional.Rechazamos contundentemente el abuso de poder y la criminalización de la protesta social por parte del gobierno ecuatoriano, la persecución y detención de todas las personas que de forma pacífica y legítimamente ejercen su derecho a manifestarse.También denunciamos la represión de las fuerzas policiales a las movilizaciones que ya dejaron en las últimas 24 horas un muertos y tres heridos de gravedad en la parroquia de Guayllabamba, en el norte capitalino.Expresamos nuestra profunda solidaridad con la lucha del pueblo ecuatoriano en defensa de sus derechos y libertades democráticos y en sus exigencias de una vida mejor y digna y reiteramos nuestro apoyo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) en su intención de mantener las manifestaciones hasta que sus exigencias sean escuchadas.